ArgentinaAsamblea Legislativa: cómo se perfila el nuevo Congreso en la era Milei
A través del decreto de convocatoria a la Asamblea Legislativa 197/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, este viernes por la noche se inaugurarán las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina. La apertura será a las 21, un horario inusual y sin precedentes para este tipo de actos en la historia del país.
Ahora bien, ¿cuál es la radiografía del Congreso al momento y cómo fue el Balance Legislativo del último período?
Al poner el foco en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, se manifiestan dos grandes agrupaciones de legisladores: la que capitaliza políticamente la oposición a la agenda libertaria y aquella dispuesta a acompañar al presidente como una primera opción. Ambas vertientes están abiertas al diálogo, sin embargo a la hora de encarar los debates puntuales se empiezan a identificar matices que pueden agilizar o estimular su tratamiento.
En una primera lectura, y a partir del posicionamiento de los bloques en el verano extraordinario, en el nuevo Congreso hay 114 diputados y 33 senadores (números bastante cercanos a los necesarios para sesionar y aprobar leyes) más abiertos al diálogo para construir leyes con el actual oficialismo. Provienen de espacios provinciales y, principalmente, de la ex-coalición legislativa y electoral Juntos por el Cambio, actualmente desgajada en tres bloques: PRO, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal.
Referentes de estos bloques han demostrado que su posicionamiento no será de oposición “irracional” aunque su comportamiento dependerá de la apertura al diálogo y a la capacidad del oficialismo de “convencer” a estos legisladores moderados (lo que hasta el momento no ha sido un fuerte de esta gestión).
Así, Javier Milei llega con 37 diputados propios (apenas llega al 15% de la cámara) y 7 senadores (algo menos del 10% de las bancas). Asimismo, en nuestra radiografía del nuevo Congreso detectamos que el 47% de los diputados y el 71% de los senadores de La Libertad Avanza ocupan por primera vez un cargo público.
En conjunto, la experiencia pública previa promedio de esta bancada es apenas de 3 años y medio, mientras que, por ejemplo, en los miembros del ex-Juntos por el Cambio es de 12 años. Además, el oficialismo no cuenta con ningún gobernador provincial de su mismo color político y la voluntad de diálogo a nivel federal ha tenido avances y retrocesos continuos.
Es evidente que el oficialismo cuenta, entonces, con interlocutores posibles y suficientes, pero deberá ser capaz de construir los puentes necesarios para alcanzar las mayorías necesarias. La tendencia histórica no favorece al oficialismo en este sentido: la cantidad de leyes aprobadas por año viene en descenso.
Lo que dejó el último año legislativo
El año legislativo del Congreso argentino no terminó en 2023. Por medio del decreto 76/2023, Milei llamó a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero y luego las prorrogó hasta el 15 de febrero.
En el extenso temario enviado por el nuevo Gobierno, se destacó el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que, después de un mes de negociaciones y en la cuarta jornada de tratamiento en Diputados, volvió a comisión.
Así, el año legislativo que culminó el 15 de febrero se caracterizó por un bajo nivel de productividad. Con 32 leyes sancionadas, el 2023 se posicionó como el año con la menor cantidad de leyes aprobadas en la última década. También se registró un menor nivel de actividad en cuanto a las sesiones y reuniones de comisión con respecto a 2022.
Esta situación se explica por dos factores centrales: el primero es el intenso calendario electoral, tanto nacional como subnacional; el segundo, la fragmentación del Congreso que generó nuevos grupos con los que entablar negociaciones.
Estas dificultades no solo son observables en el número de leyes sino también en la temática de aquellas que pudieron ser sancionadas. Así, las iniciativas que llegaron a ley estuvieron vinculadas a temas como salud y ciencia, dejando afuera los temas más conflictivos para llegar a consensos como suelen ser los vinculados a materia económica.
Desafíos del Congreso 2024
La dinámica legislativa de los últimos años evidencia que el Congreso aumentó su productividad en materia de leyes aprobadas y sesiones realizadas cuando hubo un bloque dominante con quorum y mayoría propia en ambas cámaras (como el período 2014-2015). Como correlato a este fenómeno, cuando la relación de fuerzas fue pareja entre los distintos grupos políticos el caudal de leyes disminuyó. Eso, a grandes rasgos, obedece a que ya no alcanza con la voluntad política de un espacio sino que es obligatorio consensuar con al menos un sector de la oposición para poder iniciar cualquier debate en el pleno.
El comportamiento reciente del Congreso refleja que al bajar la cantidad de leyes sancionadas aumenta el porcentaje de leyes aprobadas con amplias mayorías. Esta situación puede interpretarse por una serie de factores, como el incremento del diálogo (que nunca pierde el Congreso, incluso cuando las tensiones parecen escalar en forma novedosa) o el tratamiento de proyectos que abordan temáticas más simples y afectan menos intereses políticos. En otras palabras, pierden lugar en la agenda los grandes proyectos conflictivos en lo político/económico.
Ese escenario, tras las elecciones 2023, lejos de simplificarse con la configuración actual del Congreso tiende a complejizarse. Ahora, el Congreso afronta una relación de fuerzas en donde los acuerdos deben ser tejidos entre espacios con potencias legislativas, combinada con un perfil disruptivo y radical desde la Presidencia. La combinación de ambos factores genera una oportunidad para que el Congreso pueda asumir su rol como el poder del Estado en donde se administren las distintas tensiones del día a día nacional.
El desafío de Milei, la bancada oficialista, los aliados e incluso los sectores opositores intransigentes será consensuar una agenda legislativa, construir los consensos y apoyos mínimos (y necesarios) para avanzar en las legislaciones centrales de los próximos años.